Rio Gallegos-, Una joven de 17 años oriunda de Río Gallegos y embarazada de dos meses fue víctima de un violento ataque a balazos en su vivienda de Quilmes Oeste, Buenos Aires. Se trata de Ludmila Farías, quien recibió un disparo en la espalda en medio de un conflicto intrafamiliar cruzado por amenazas constantes, intento de usurpación e inacción judicial. En declaraciones, su madre, Nahir Celeste Gómez, detalló la dramática situación que atraviesa su familia y apuntó contra el entorno de un familiar detenido.
El conflicto violento se remonta a diciembre del año pasado, cuando el hermano de Nahir, Jeremías Gómez, fue baleado en un intento de homicidio. Por ese hecho se encuentra detenido el marido de una mujer identificada como Silvia González. Desde que Nahir declaró como testigo en esa causa, la hostilidad y las intimidaciones no cesaron, sumado a la disputa por la ocupación de un terreno en Quilmes Oeste que pertenece a la abuela de la víctima.
Las agresiones alcanzaron un punto crítico el pasado jueves. Tras recibir amenazas verbales por la tarde, la vivienda de la familia fue blanco de pedradas alrededor de las 20:00. Hacia las 22:45, la agresión escaló a disparos con armas de fuego. Mientras Ludmila intentaba comunicarse con la policía para solicitar auxilio, un proyectil impactó en su espalda. El proyectil quedó alojado en la zona de la grasa abdominal y los cirujanos evaluaron no extraerlo por el momento.
A raíz de la balacera, la policía detuvo a Javier Ortiz, hermano de Silvia González, a quien le habrían incautado un arma de guerra. Sin embargo, las amenazas de muerte continúan llegando a través de mensajes dirigidos a la joven y a su abuela de 80 años, quien permanece en el terreno en disputa.
A pesar de la gravedad del impacto, el estado de salud de Ludmila se encuentra estable y, según una ecografía particular, el embarazo no sufrió daños directos, aunque la joven aguarda la evaluación de una obstetra para garantizar el seguimiento del gestante, estimado para mediados de abril. La madre remarcó que los médicos le advirtieron que la joven estuvo cerca de quedar en silla de ruedas.
La familia denunció una preocupante falta de protección por parte de la Justicia ante las reiteradas denuncias por amenazas de muerte e intentos de usurpación. La custodia asignada tras la balacera se limita a patrullajes esporádicos cada media hora, una medida que consideran insuficiente ante el riesgo constante que enfrentan.
Fuente La Opinión Austral
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