Pto Deseado-, Tres jóvenes imputados por una causa de drogas deberán cumplir reglas de conducta, realizar tareas comunitarias y efectuar aportes económicos para acceder a la suspensión del juicio a prueba.
La Justicia Federal de Río Gallegos resolvió otorgar la suspensión del juicio a prueba a tres jóvenes que fueron detenidos en Puerto Deseado tras el hallazgo de casi nueve kilogramos de marihuana en una vivienda particular. La medida fue adoptada por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz y les permitirá evitar una condena de prisión, siempre que cumplan una serie de requisitos durante el plazo de un año.
La causa se originó el 21 de marzo de 2024, cuando efectivos de seguridad realizaron un procedimiento en un domicilio ubicado sobre la calle Rosa de Wilson al 1200, en Puerto Deseado. Durante el allanamiento fueron secuestrados aproximadamente 8,585 kilogramos de marihuana distribuidos en distintos sectores de la vivienda.
Según consta en la investigación, los agentes encontraron ramas de cannabis colgadas en un depósito, hojas esparcidas en la cocina y una valija con cogollos almacenada en uno de los dormitorios. Además, se secuestró una balanza de precisión, elemento que inicialmente reforzó la hipótesis de una posible comercialización de la sustancia.
En un primer momento, los imputados —identificados como P.E. Gutiérrez, S.A. Mejuto y D.D. Salva— enfrentaban cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, una figura penal considerablemente más grave. Sin embargo, durante el avance del proceso, el Ministerio Público Fiscal concluyó que no existían pruebas suficientes para acreditar la intención de venta de la droga.
Ante esta situación, el fiscal general resolvió recalificar el hecho como “tenencia simple de estupefacientes”, una modificación que abrió la posibilidad de acceder al beneficio de la probation o suspensión del juicio a prueba.
El acuerdo alcanzado entre la defensa oficial y la fiscalía fue homologado por el juez Luis Alberto Giménez el pasado 29 de mayo de 2026. Como condición para mantener el beneficio, los tres involucrados deberán cumplir estrictas reglas de conducta durante los próximos doce meses.
Entre las obligaciones impuestas figura una reparación económica de 100.000 pesos por cada imputado. Gutiérrez destinará ese aporte al Comedor Escolar de la Municipalidad de Pico Truncado, mientras que Salva lo hará en favor de la Escuela EPJA N° 3, institución en la que actualmente cursa sus estudios secundarios. Por su parte, Mejuto, quien proyecta radicarse en la ciudad de Salta, deberá informar próximamente la entidad beneficiaria de su contribución solidaria.
Además del aspecto económico, la resolución judicial pone especial énfasis en la educación y la reinserción social. Gutiérrez deberá acreditar la continuidad de sus estudios y participar en talleres de formación laboral. Salva tendrá que realizar dos horas semanales de tareas comunitarias en Cáritas, mientras que Mejuto deberá efectuar aportes solidarios periódicos.
Asimismo, los tres jóvenes quedaron sujetos a la prohibición de consumir estupefacientes en la vía pública, abusar de bebidas alcohólicas, portar armas o cometer nuevos delitos durante el período de prueba.
La decisión judicial vuelve a poner en debate los alcances de la suspensión del juicio a prueba en causas vinculadas a drogas, especialmente cuando no puede acreditarse la existencia de actividades de comercialización y la acusación queda reducida a la figura de tenencia simple.
Fuente: La Opinión Austral
