Santa Cruz-, Diferentes organismos judiciales y defensores de la niñez presentaron un documento contra la modificación de la Ley Penal. Pidieron mayor contención en sectores vulnerables y no una mirada punitiva contra las infancias.
La Defensoría General ante Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, a cargo de la Dra. Romina Saúl, , elaboró un documento a fines de expresar su enérgico repudio contra todo Proyecto de Ley que contraríe los estándares internacionales de derechos humanos en relación a los derechos de personas en situación de vulnerabilidad como lo son los niños, niñas y adolescentes, definidas así por las «Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad», especialmente en lo que respecta a la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años de edad, en contra de lo dispuesto por la observación 24 del Comité de los Derechos del Niño. El mismo fue presentado ante el ministro de Justicia de la Nación, Cúneo Libarona.
“El consejo general de los asesores, del cual formo parte, también elaboramos una serie de observaciones que damos a conocer al ministro. Este debate ya era algo que se hizo años atrás y no prosperó. Hubo un gran debate, porque el 80% de una recepción negativa. Las sugerencias fueron que no se modifique ni se baje la edad. Entonces este debate, que viene prosperando, lo tenemos instalado ahora”, analizó la Dra. Saúl en diálogo con La Parada, programa que se emite en Tiempo FM 97.5,
“Se están expresando diferentes voces y mantuvimos una reunión hace pocos días con el Ministro de Justicia”, recalcó.
Explicó que se busca la modificación en base a ínfimas estadísticas, elaborada y apuntando contra el 0,45% de la niñez participe de este tipo de delitos punitivos. “Es prácticamente nulo, por lo cual, lo que establecemos es trabajar en la prevención y no en lo punitivo, que es contrario a lo que establecemos. Tenemos que trabajar en medidas preventivas”, ahondó.
Reiteró que “tenemos que trabajar en prevención, sacando a los chicos de la zona de riesgo. Implica un estado más presente. Queremos que los estados brinden herramientas no solo para los chicos incluyéndolos en materia de deportes, cultura y una mayor educación, sino también un apoyo a la familia. El sistema penal es punitivo, o ves chicos con necesidades cubiertas. Sino sectores de vulnerabilidad”.
Remarcó que la búsqueda de modificar la edad de imputabilidad “carece de una mirada en los derechos de niños. No es lo mismo un abogado penalista, pero es especial lo que uno tiene que conocer y trabajar en el cuerpo a cuerpo. Se legisla sobre algo que no se conoce. Quienes redactan, no trabajan con chicos en situación de vulnerabilidad”.
En uno de sus párrafos, el documento explica que “como Defensores/as Públicos/as Oficiales y en nuestro rol de garantes de los derechos humanos, en contacto permanente y de cerca con situaciones de vulnerabilidad, entendemos que bajar la edad de imputabilidad o endurecer las penas no es una solución eficaz, porque sabemos que es la desigualdad la causa que está íntimamente relacionada con la criminalidad y con la violencia social y familiar. A mayor igualdad, es menor la discriminación y la estigmatización, por lo cual es menor la criminalidad. Y hablamos de desigualdad no como un concepto teórico o abstracto, sino como un hecho concreto que verificamos todos los días en la sede de nuestras oficinas”.
«Pensar sólo en disminuir la edad de imputabilidad como solución es simplista, porque centra la atención de la sociedad en la violencia de los y las adolescentes y no en la que se ejerce a diario sobre ellos/as: por fallas graves en el sostén familiar a causa de la pobreza de sus progenitores y su falta de educación, responsabilidad grave del estado por no brindar oportunidades adecuadas a gran parte de la comunidad, por educación de mala calidad, falta de oportunidades de recreación, deporte, acceso a bienes culturales, empleo joven, etc» expresaron. (Tiempo Sur)
