Santa Cruz-, El Congreso Extraordinario de ADOSAC decidió nuevas medidas de fuerza, con críticas al CPE y al Gobierno Nacional.
En el marco de una jornada de debate con participación de congresales de toda la provincia, ADOSAC ratificó su plan de lucha con una nueva jornada de paro prevista para el próximo martes 3 de junio. La medida coincide con el aniversario de la primera movilización Ni Una Menos y fue acompañada de múltiples reclamos al Consejo Provincial de Educación y al gobierno nacional.
El Congreso Extraordinario de Delegados Provinciales de ADOSAC resolvió ratificar la medida de fuerza del pasado 22 de mayo y declarar un nuevo paro de 24 horas para el martes 3 de junio, en coincidencia con los 10 años del primer Ni Una Menos. En su documento oficial expresaron: «Consideramos crucial encontrarnos en las calles para defender y hacer cumplir nuestros derechos conquistados y visibilizar que la deuda sigue siendo con nosotras».
La resolución surge tras una jornada de huelga que alcanzó una adhesión superior al 80% de los docentes. Ante esto, el Congreso exigió soluciones inmediatas a los problemas edilicios en las escuelas de toda la provincia, el pago inmediato de los resguardos, cargos y horas adeudadas desde febrero, y rechazó la reinterpretación de artículos del CPE que afectan al sector docente, como el Art. 30, LAO, Horas Fote y de trayectorias. También solicitaron la modificación de las cargas horarias para docentes y auxiliares de las EPJA y de nivel inicial.
Otro punto central fue la exigencia por la implementación efectiva de la Licencia Especial por Violencia de Género, prevista en el Acuerdo 189/18 del Consejo Provincial de Educación. En ese sentido, advirtieron que «la violencia contra las mujeres no son hechos aislados, sino una problemática estructural que impacta la vida personal, familiar, social, laboral y emocional de las compañeras», y remarcaron que el Estado tiene la obligación de garantizar políticas públicas de acompañamiento y resguardo.
Además, el Congreso manifestó su postura frente a medidas del gobierno nacional:
Rechazaron el DNU 366/25 impulsado por el presidente Javier Milei, que propone una reforma migratoria que –según expresaron– vulnera derechos humanos de jerarquía constitucional.
Repudiaron el DNU 340/25, que declara a la educación como servicio esencial y, según señalaron, pretende cercenar el derecho a huelga. También cuestionaron el decreto 341/25, que elimina la paritaria nacional docente.
Finalmente, denunciaron el incumplimiento del régimen de licencias, al que calificaron como un atropello a los derechos laborales del sector.
(Tiempo Sur)
