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Provinciales-, Roxana Reyes presentó un proyecto para la creación de un Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias (R.N.P.D.A.) en el ámbito del Ministerio Justicia y Derechos Humanos de la Nación.. En la Argentina como en otras regiones, las familias no siempre resuelven adecuadamente la organización familiar de la mejor manera. La alta tasa de divorcios y separaciones en general se produce en contextos de alta conflictividad familiar. Por tal motivo y teniendo en cuenta la necesidad imperiosa de que el Estado actúe en pos de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Diputada Nacional Roxana Reyes presentó un proyecto para la creación de un Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias (R.N.P.D.A).. «Creemos que es necesario contar con un registro de orden nacional y que sirva para entrecruzar la información de las provincias, con el objetivo de evitar que aquellas personas obligadas a cumplir con el deber de asistencia a su descendencia no lo hace. Cuando las familias no pueden asistir a sus hijos o hijas el Estado debe estar presente y cumplir su rol de garante, pero cuando pudiendo contribuir a las necesidades de sus hijos o hijas, teniendo recursos y medios dejan de cumplir con sus obligaciones alimentarias, también tiene que estar el Estado presente y actuar. Basta de hijos mendigando la cuota alimentaria», expuso Roxana Reyes. El proyecto de ley consta en que se inscriban a las personas deudoras alimentarias que hayan sido declaradas como tales por autoridad judicial y llevar un listado de las personas que adeuden total o parcialmente prestaciones alimentarias consecutivas o alternadas, ya sean como prestaciones provisorias o definitivas fijadas u homologadas por sentencia firme. Además prevé que se expidan certificados de libre deuda para trámites como: solicitud de pasaporte o su renovación, habilitaciones para la apertura de comercios y/o industrias, solicitud de la licencia de conductor o su renovación, solicitudes de apertura de cuentas corrientes y de otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito, como también cualquier otro tipo de operaciones bancarias o bursátiles que la respectiva reglamentación determine, entre otros. “El Estado es precisamente el garante de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y en tal sentido debe diseñar e implementar todas las medidas que sean necesarias para que las disposiciones de la Convención de los Derechos de niños, niñas y adolescentes (CDN) y demás normativas internacionales y nacionales se puedan aplicar efectivamente, garantizando así la protección integral a la infancia para eso es absolutamente necesario  avanzar en una política pública que cree dicho registro y garantice los derechos», concluyó Roxana Reyes.