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Santa Cruz-, Los diputados provinciales Elba Ponce, Javier Jara y Carlos Alegría reclamaron que el Poder Ejecutivo reglamente una ley aprobada hace más de un año que garantiza derechos para personas con discapacidad.  La Cámara de Diputados de Santa Cruz recibió un proyecto de resolución que solicita la urgente reglamentación de la Ley Provincial N° 3820. La iniciativa fue presentada por los legisladores Elba Ponce, Javier Jara y Carlos Alegría, quienes remarcaron la necesidad de garantizar los derechos de las personas con discapacidad a través de la plena implementación de la norma. La Ley 3820, sancionada hace más de un año, establece el “Sistema de Promoción y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad” en el ámbito provincial. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde su aprobación, la falta de reglamentación impide que el articulado entre efectivamente en vigencia, afectando así a un sector de la población que requiere políticas públicas específicas para su inclusión y desarrollo. En el proyecto ingresado, los diputados solicitaron al Poder Ejecutivo que proceda a la reglamentación respetando el principio de efectividad de los derechos y garantías establecidos tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales de derechos humanos, y en las normas nacionales y provinciales vigentes en la materia. Además, plantearon que el proceso de reglamentación debe contemplar la participación activa de organizaciones representativas de personas con discapacidad, de sus familias, de profesionales especializados y de otros actores sociales involucrados. Esta participación resulta fundamental para asegurar que las medidas que se adopten tengan un enfoque inclusivo, integral y respetuoso de los derechos humanos. Los fundamentos del proyecto destacan que la sanción de la Ley 3820 representó un avance sustancial en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en la provincia. No obstante, señalaron que sin la correspondiente reglamentación, la norma permanece inaplicada, obstaculizando la posibilidad de implementar acciones concretas que mejoren efectivamente la calidad de vida de este colectivo. Asimismo, los diputados hicieron hincapié en que el Estado Provincial tiene una deuda pendiente con las personas con discapacidad, por lo que resulta urgente dar cumplimiento a los compromisos asumidos mediante la sanción de la ley. La reglamentación, insistieron, debe incorporar los principios de accesibilidad universal, de no discriminación y de respeto irrestricto por la dignidad humana. En ese sentido, advirtieron que garantizar la autonomía de las personas con discapacidad, su inclusión activa en todos los ámbitos de la vida social, cultural, educativa y laboral, y su participación plena en la comunidad, no es sólo una cuestión de políticas públicas sino también de respeto a derechos fundamentales consagrados en el ordenamiento jurídico. Finalmente, remarcaron que la reglamentación de la Ley 3820 no puede seguir postergándose. Su implementación efectiva, aseguraron, es indispensable para que la provincia avance hacia una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, en la que todas las personas puedan desarrollarse plenamente, independientemente de sus condiciones particulares. (Tiempo Sur)